En el periodismo todavía existe margen de confianza. Un periodista, Antonio Fuentes, del Grupo Joly, ha destapado un escándalo, no importante en cuestión de cantidades económicas, pero sí en la materia de los símbolos.
Un año duro para muchos. Alcanzamos cifras de desempleo mareantes en la cadena casi infinita de ceros. Y los portavoces de los partidos del arco parlamentario andaluz, PSOE , PP e IU, se reúnen en Junta para decidir la subida de dietas del Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia.
El periodista observó en la web parlamentaria unos números que no cuadraban con lo acordado a principios de año. Investigó hasta descubrir que la Junta de Portavoces en fecha posterior había modificado el acuerdo inicial en el sentido de subirle al Presidente Gracia y añadir como perceptores a los portavoces adjuntos.
Después de la marcha atrás por parte de la Mesa de la Cámara dejando sin efecto el alza de las cuantías por dieta, con la peregrina excusa por Gracia de no usar el coche oficial, el Grupo Joly ha solicitado a la institución las actas tanto de la Mesa como de la Junta. Y ahí aparecieron los servicios jurídicos argumentando la negativa de su entrega porque tienen la condición de secretas.
Antonio Fuentes señala, por su parte, que las sesiones de la Junta de Portavoces hasta diciembre de 2012 se encuentran disponibles en formato de videograbación en la Biblioteca del Parlamento. A lo cual replican, según informa el Grupo Joly, desde el Parlamento que se dispondrá el borrado de todas las sesiones que allí aparecen porque no se las considera públicas.
Para terminar con el enredo, el Parlamento ha emitido un comunicado en la tarde del miércoles 12, donde se aclara que no se ha tenido nunca la intención de eliminar ningún archivo, reafirmando que las actas no son públicas.
Pues bien, ha de ponerse en su sitio a los servicios jurídicos del Parlamento, puesto que, en ningún artículo del Reglamento del Parlamento, se indica nada sobre el supuesto secreto de las deliberaciones de la Junta de Portavoces. Si así fuera, no tendría sentido que estuviera disponible y prestable para cualquier usuario de la Biblioteca. De hecho, las Normas de Funcionamiento de los Servicios de Biblioteca, Documentación y Archivo (véase desde la pág. 20.841), indican en su artículo 13.3 que las actas de sesiones secretas estarán en manos de la Secretaría General, nunca en una biblioteca donde se mueve documentación pública a mano de cualquier usuario, entre ellos “los medios de comunicación acreditados”, como afirma el artículo 2.
En todo caso, es preceptivo recordar la Ley 7/11 de Patrimonio Documental de Andalucía, que señala con carácter general que son documentos de titularidad pública los del Parlamento de Andalucía (art. 9), recalcando en su artículo 15 que son Patrimonio Documental, es decir, tiene un especial interés para la Comunidad. Por tanto, su eliminación está prohibida, salvo con los procedimientos reglamentarios.
Como verá el periodista Antonio Fuentes, puede estar muy tranquilo, porque no él pero sí sus descendientes tal vez puedan hojear las actas deseadas en un Archivo Histórico dentro de varios años. Eso sí, siempre que se hayan salvado de la eliminación por un valor especial, que de hecho lo tienen: poner al descubierto a las generaciones futuras un caso más del divorcio entre la ciudadanía y aquellos políticos que se envuelven en su capa tupida de burocracia.
